Publicado el 05/06/2025 por Administrador
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La exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, rompió el silencio ante las recientes acusaciones en su contra vinculadas al escándalo Odebrecht. En un pronunciamiento firme, rechazó cualquier implicación en delitos de corrupción y calificó la ofensiva judicial como una “estrategia de persecución política” por parte del Ministerio Público, liderado actualmente por Consuelo Porras.
Aldana, quien goza de amplio reconocimiento internacional por su papel en la lucha anticorrupción, sostuvo que estas acusaciones no solo carecen de fundamento legal, sino que buscan silenciar y desacreditar a quienes han enfrentado estructuras corruptas dentro del poder político y económico del país. Junto a ella, también fueron señalados los exfiscales Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval, quienes compartieron un comunicado conjunto en el que defendieron su integridad y trayectoria.
En su declaración, los exfiscales advirtieron que el verdadero objetivo de las imputaciones es proteger a figuras implicadas en el caso Odebrecht, entre ellos el exministro Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quienes han sido vinculados al cobro de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña.
Los señalamientos apuntan también al fiscal Rafael Curruchiche, a quien acusan de actuar en complicidad con la Fundación contra el Terrorismo —organización ultraconservadora— para manipular el sistema judicial. Según denuncian, se habrían presentado recusaciones y maniobras para trasladar el expediente a una sala de apelaciones favorable al oficialismo, permitiendo la emisión de órdenes de captura contra operadores de justicia que investigaron casos emblemáticos de corrupción.
El caso Odebrecht en Guatemala se remonta a 2012, cuando la firma brasileña obtuvo un contrato para ampliar la carretera CA-2 Occidente. Investigaciones posteriores revelaron que el contrato estuvo plagado de sobornos y pagos ilícitos, que involucraron a altos funcionarios del gobierno. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desmantelada en 2019, fue clave en la exposición de estas redes corruptas.
El escándalo ha traspasado fronteras. Colombia, a través del presidente Gustavo Petro y la canciller Laura Sarabia, rechazó públicamente las órdenes de captura emitidas por Guatemala contra el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Ambos formaron parte del equipo internacional que destapó las estructuras de corrupción en Guatemala.
Aldana, quien vive en el exilio, reiteró que no cesará en su compromiso con la justicia y la transparencia. “No es la primera vez que intentan callarnos. Pero la verdad está de nuestro lado”, afirmó. Desde distintos sectores, tanto nacionales como internacionales, se han alzado voces de respaldo a los exfiscales perseguidos, alertando sobre el deterioro del estado de derecho en Guatemala.
La polémica continúa escalando, con implicaciones que van más allá del ámbito judicial. En el fondo, lo que se disputa es el control sobre el pasado reciente del país: una lucha entre quienes buscan la impunidad y quienes se atrevieron a combatirla desde las instituciones.
