Publicado el 20/05/2025 por Administrador
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Desde la histórica localidad de Niquinohomo, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha ejecutado una reforma constitucional que marca un antes y un después en la historia de los derechos civiles del país: la eliminación de la doble nacionalidad. La enmienda fue aprobada por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2025, bajo la dirección del oficialismo, que controla los 91 escaños del Parlamento.
Con esta reforma, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza en su cruzada por el control absoluto, borrando de un plumazo el derecho de miles de nicaragüenses en el exterior a mantener su nacionalidad de origen si adquieren otra. El nuevo texto constitucional establece que quien obtenga una ciudadanía extranjera perderá automáticamente la nacionalidad nicaragüense, con una única excepción: los ciudadanos de otros países centroamericanos.
Los artículos modificados —el 23 y el 25 de la Constitución Política— dejan claro el mensaje del régimen: no hay espacio para dobles lealtades. El presidente del Legislativo, Gustavo Porras, justificó la decisión como un acto de “soberanía inquebrantable” y una forma de fortalecer “la identidad patria”. Sin embargo, detrás de esa narrativa nacionalista se esconde una herramienta jurídica que, según organizaciones de derechos humanos, busca castigar al exilio y neutralizar a la disidencia.
La respuesta no se hizo esperar. La oposición en el exilio, reunida bajo la Unidad Nacional Azul y Blanco, calificó la reforma como un “ataque vil” contra los nicaragüenses forzados a dejar el país. “Quieren silenciarnos, borrarnos del mapa legal. Pero Nicaragua vive en nosotros, y no renunciaremos a ella”, señaló el comunicado difundido desde Costa Rica.
Esta decisión no solo erosiona el tejido cívico de Nicaragua, sino que también plantea serios cuestionamientos ante la comunidad internacional. La privación arbitraria de la nacionalidad podría violar normas internacionales, como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, firmada por Nicaragua. Además, se convierte en una herramienta más del autoritarismo, similar a la desnaturalización masiva aplicada en 2023, cuando más de 300 opositores fueron despojados de su nacionalidad por decreto judicial.
Expertos en derecho constitucional advierten que, de concretarse la ratificación en una segunda legislatura —como prevé el procedimiento para reformas constitucionales—, Nicaragua se uniría al reducido grupo de países que penalizan legalmente a quienes buscan una nueva ciudadanía. Pero en este caso, más que un tecnicismo legal, se trata de una política de exclusión con trasfondo político.
Lejos de fortalecer la identidad nacional, esta medida representa un acto de aislamiento. Un intento por sellar las fronteras jurídicas del país al precio de la dignidad y el derecho de pertenencia de sus ciudadanos.
Mientras tanto, la diáspora nicaragüense, dispersa por América y Europa, observa con angustia cómo el vínculo legal con su tierra se diluye entre decretos y reformas hechas a la medida del poder.
