Los empresarios rurales niegan las macrogranjas y convocan una gran manifestación en Madrid

Los empresarios rurales niegan las macrogranjas y convocan una gran manifestación en Madrid

El mundo rural despierta. Y se echa a la calle. Cansados por tanta polémica, el mundo rural se ha unido en una única plataforma social en defensa del campo, sus actividades y las tradiciones.

Es una rebelión en toda regla que se ha ido fraguando en los últimos tiempos tras las últimas polémicas creadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura y al que quieren lanzar un mensaje: «Basta ya». Consideran que existen demasiados agravios, el último el del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y su ataque a las exportaciones de carne española procedentes de las «macrogranjas», un sistema que hoy han negado los participantes de este movimiento. Y se van a manifestar en Madrid el próximo 20 de marzo. Son agricultores, ganaderos y cazadores, a los que también se espera que se sumen en las próximas fechas antes de la manifestación pescadores y otros sectores relacionados con la España Rural.» «Representamos al 84% del territorio nacional y padecemos una constante falta de respeto», se quejan al considerar que «el urbanita, por desconocimiento, tiene una clara falta de visión del campo, que está en una situación grave», describe Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural.

De momento, la agrupación la encabezan las tres organizaciones agrarias más representativas (ASAJA, UPA y COAG), más la Federación Española de Caza y la asociación ‘Alianza Rural’. Han elaborado incluso un manifiesto «en defensa de la agricultura y la ganadería, de la caza, de nuestro campo y su cultura y tradiciones». Ahora van #JuntosPorElCampo y aseguran representar a más de diez millones de españoles que viven en las zonas rurales. En breve, también podrían unirse a este colectivo las cooperativas agrarias.

Cada uno de estos colectivos han planteado en los últimos meses concentraciones sectoriales de protesta. Desde el campo por la subida de los costes de producción y los bajos precios que reciben por sus productos hasta los cazadores que consideran que el Gobierno ha aprobado una serie de decretos para tiene como fin acabar con la actividad cinegética. Todos tienen sus propios motivos pero, «aunque ha costado mucho ponerlos en común», ha reconocido Pedro Barato, presidente de Asaja, aunque después de muchas semanas de negociación finalmente han acordado ir de la mano. «La situación es insostenible», han clamado hoy en la presentación de este movimiento social «y no político», ha puntualizado Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.

Esta plataforma hace un llamamiento a todo el mundo rural, de cualquier ideología y clase social, «en riesgo despoblamiento, afectado por un déficit de servicios públicos y privados, una PAC (Política Agraria Común) insuficiente para resolver los principales problemas que determinan la renta de los hombres y mujeres del campo». También consideran que la legislación ambiental a la que tiene que someterse «por los lobbies conservacionistas» son «excluyentes y sin ninguna visión social», ha denunciado Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, que criticó también la orden ministerial que califica al lobo como especie protegida e impide la defensa de las producciones extensivas cuando esta especie ataca al ganado.

La competencia alimentaria procedente de terceros países, sin que pasen los rígidos controles sanitarios que se exigen a los productos españoles, como describe Miguel Padilla, secretario general de COAG, es otro de los problemas a los que se enfrentan unido a las escasas ayudas para el relevo generacional en las producciones agrarias o la falta de actualización de los seguros agrarios ante las cada vez mayores incidencias climáticas. También consideran «injusta» la reforma laboral que prepara el gobierno, «que creará más paro en el campo», advirtió Pedro Barato al asegurar que no tiene en cuenta la «estacionalidad» en la recogida de las campañas agrícolas y la creación de la figura de «fijo-discontinuo» que no tiene cabida, a su juicio, en el sector agrario. Además, desean una modificación en el sistema de las tarifas eléctricas y una rebaja fiscal para la ganadería del toro bravo o en las facturas del gasóleo, los plásticos o los fertilizantes.

Sobre la última polémica desatada por Alberto Garzón, el ministro de Consumo, que calificó como de mala calidad los productos cárnicos procedentes de las macrogranjas, Pedro Barato aseguro que sus declaraciones en ‘The Guardian’ fueron irresponsables, «siendo generosos en el término», y lo achacó, en el mejor de los casos, al «desconocimiento» del mundo ganadero, aunque sus palabras «ponen en riesgo el sacrificio enorme que viene realizando durante mucho tiempo el sector». Y ha añadió: «En cualquier país hubiese durado (en su cargo) medio minuto, aunque aquí hay otros componentes», en referencia al pacto de Gobierno y de ministros entre el PSOE y Podemos. Barato respaldó las manifestaciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, que afeó el martes la postura de Alberto Garzón contra el sector, aunque matizó que Planas «tardó diez días» en salir a defender a los ganaderos.

Además, con respecto al fondo del asunto, el presidente de Asaja especificó que el 80% de las producciones de carne en España se producen en «intensivo», entre otras cosas porque las cooperativas llevan a sus animales, una vez alimentados por ellos, a estas granjas para que los engorden, pero pasando «unos controles de sanidad y bienestar animal tremendos, incluso -como en su caso- con productos de alimentación de Omega 3, cumpliendo normativas europeas, la española y de las comunidades autónomas». Barato negó la existencia de las ‘macrogranjas’ como tal y especificó que existen granjas grandes, medianas y pequeñas, y todas ellas con productos de gran calidad, por eso los productos españoles están a la cabeza de las exportaciones mundiales.

Por último, todos los intervinientes recordaron el enorme esfuerzo y el ejemplo que dieron los agricultores y ganaderos durante el confinamiento por la pandemia el año pasado, asegurando en los establecimientos los productos de alimentación, cuestión que asegura no ocurrió en otros países, y luego ayudando en sus tractores a la limpieza y desinfección del virus en los pueblos de las zona rurales. «Lo dimos todo y nos lo pagan así», se quejan.

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