Los trabajadores toman sartén por el mango en P.Rico y negocian con la Junta

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) de Puerto Rico, Ángel Figueroa Jaramillo. EFE/Archivo

San Juan, 12 jun (EFEUSA).- El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) ha llegado a un acuerdo provisional con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en lo que supone un capítulo más de la tónica general de los últimos días: la negociación entre sindicatos y representantes de trabajadores en activo y jubilados, por separado, con dicho órgano.

Así, este lunes el Sindicato de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR) y la entidad de control ya llegaron a otro acuerdo que, a su vez, le siguió al alcanzado, previamente, por la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la JSF, actualmente en proceso de ratificación por parte de los docentes.

Un patrón de comportamiento que ha sido duramente criticado por el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa, un importante sindicato de la isla.

Figueroa criticó que la JSF y varias organizaciones sindicales negocien acuerdos por ser, dijo, un acto de hipocresía, ya que en su opinión la entidad de control todo lo que ha hecho ha sido en contra de los trabajadores y del pueblo de Puerto Rico.

Además este lunes la Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto Rico (FPJ-PR) acompañada de diferentes grupos de retirados y organizaciones sindicales de empleados del Gobierno de Puerto Rico, rechazó que el Comité de Oficial de Retirados (COR) negociara por su cuenta.

En una primera reacción, este miércoles el secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, Anthony Maceira, dijo que la política pública del gobernador, Ricardo Rosselló, es la de «cero recortes», avisó que «no avalaremos o apoyaremos ningún acuerdo judicial que sirva de subterfugio para recortar pensiones», y reflejó que el comité se ha visto obligado a llegar al acuerdo.

«Incluso, los términos que revela este comité de acreedores reflejan que el recorte de pensiones no es fiscalmente necesario», indicó en un comunicado.

Bajo el acuerdo anunciado hoy, con el COR, se «mejora significativamente el trato a los beneficios de pensión de los 167.000 retirados del gobierno de Puerto Rico comparado con los términos propuestos por la JSF en su más reciente plan fiscal certificado el 9 de mayo de 2019», señala un comunicado.

Los retirados con beneficios de pensión por debajo de 1.200 dólares mensuales no experimentarán ningún recorte, resultando así en la protección del 61 por ciento, o sobre 102.000, de los pensionados actuales.

Con respecto a aquellos retirados con pensiones mensuales de más de 1.200 dólares, el acuerdo limitará sus reducciones a un máximo de 8,5 por ciento y asegurará un ingreso mensual por concepto de pensión de por lo menos 1.200 dólares.

Como fuera indicado en la carta abierta del COR a los retirados, «los beneficios de Seguro Social y el beneficio mensual para seguro médico será protegido para aquellos que lo reciben. Bajo este acuerdo tentativo están cubiertos los pensionados del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Sistema de Retiro para Maestros y Sistema de Retiro de la Judicatura».

«Luego de casi dos años de acciones legales, sesiones de mediación y negociaciones, hemos llegado a un acuerdo con la JSF que limitará sustancialmente los recortes a las pensiones y proveerá otras protecciones importantes», dijo el exjuez Miguel Fabre, presidente del COR.

El acuerdo tentativo negociado por el COR marca un progreso significativo de los términos propuestos por la JSF, los cuales habrían impactado al 75 por ciento de la población de pensionados en Puerto Rico.

«Aunque el COR hubiera preferido cero recortes, estamos convencidos de que bajo el proceso de quiebra la JSF hubiera insistido en recortes mucho peores y que ignorar dicha realidad hubiera sido irresponsable por parte nuestra y fatal para la comunidad de pensionados», agregó el presidente del COR.

Bajo las circunstancias, el COR «reitera que este acuerdo es la mejor opción para asegurar el bienestar de nuestra comunidad y la continuidad del pago de las pensiones», expresó.

El acuerdo propuesto por el COR será incluido en el Plan de Ajuste para el gobierno de Puerto Rico bajo PROMESA, y sometido al voto de los acreedores impactados en una fecha futura que será anunciada por la corte federal.

En su momento, el COR proveerá información relacionada al voto sobre el Plan de Ajuste. Luego, la juez federal que preside el caso de quiebra bajo el Título III, Laura Taylor Swain, evaluará dicho plan para su confirmación.

«Es importante enfatizar que las pensiones no pueden sufrir modificaciones al menos hasta tanto la Corte haya confirmado un Plan de Ajuste para Puerto Rico», indicó Fabre.

Dicha confirmación sucederá luego de que las partes perjudicadas hayan evaluado los detalles del Plan de Ajuste y votado a favor o en contra del mismo.

El COR llevará a cabo una campaña de divulgación para ofrecer información adicional sobre el acuerdo, su impacto en los pensionados, y el proceso de votación.

El COR fue autorizado y nombrado en junio de 2017 por el Síndico Federal para representar los intereses colectivos de sobre 167,000 pensionados del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura en los casos de Título III para reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal PROMESA.